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En tanto no se genere la adaptación de los proyectos insulares a la presente ley, los cabildos insulares van a poder entablar criterios de carácter no vinculante acordes con esta ley para la delimitación de los asentamientos rurales que complementen o reemplazen a los establecidos por el plan insular en vigor. Tales determinaciones deberán adoptarse por el pleno del cabildo, previo trámite de información pública por plazo de un par de meses a través de aviso en el Folleto Oficial de Canarias y un periódico de los de mayor difusión en la isla. El trámite sancionador en materia de ordenación del territorio, urbanismo y protección del medio natural se desarrollará en los términos previstos por la legislación básica estatal en materia de procedimiento sancionador, tal como por las determinaciones de desarrollo establecidas en el presente artículo, y por el reglamento en temas de ejercicio de la potestad sancionadora que apruebe el Gobierno de la Red social Autónoma de Canarias. Los promotores de proyectos que deban sostenerse a evaluación ambiental, por resultarles de app lo sosprechado en la presente ley, podrán optar por someter el emprendimiento a la modalidad pública de evaluación de impacto ambiental a través de órganos administrativos, recogidos en las secciones 1.ª y 2.ª de este capítulo, o bien someter el emprendimiento a la modalidad de evaluación de encontronazo ambiental a través del sistema de acreditación pensado en el producto 42 de esta ley.
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No obstante, si más allá de la previsión del planeamiento insular se hubiera iniciado la tramitación del planeamiento general municipal y hubiese alcanzado la aprobación anterior, antes del inicio de la tramitación del plan territorial parcial, sus determinaciones van a tener
para que serve toxina Botulínica aquel el carácter de puras sugerencias. La delimitación de su campo y contenido de ordenación deberá estar previsto en el plan insular, con lo que de forma exclusiva podrán elaborarse por el cabildo respectivo en desarrollo de aquel. Solo podrá exceptuarse, de modo inusual, de la aprobación condicionada y aprobarse definitivamente, cuando el acuerdo se refiera a concretas partes del plan insular que sean susceptibles de administración, aplicación y ejecución autónomas, siempre y cuando con esto no se ponga en cuestión la coherencia y efectividad ulterior del plan en su conjunto. Sobre las elecciones más ejecutables elegidas y la propuesta territorial y ambiental adoptada, el equipo redactor, en nombre y por cuenta del cabildo insular, recabará los informes sectoriales legalmente exigidos, que deberán ser emitidos en el plazo fijado por la legislación sectorial aplicable o, en su defecto, en un máximo de cuarenta y cinco días, pasados los que se podrá proseguir con su tramitación. A) Plan insular de ordenación de la isla, que establecerá la ordenación de los recursos naturales y la ordenación estructural del territorio. Las directivas de ordenación sectorial, que tendrán rango reglamentario, serán aprobadas por el Gobierno a iniciativa del asesor competente por razón de la materia, previo el trámite de información pública e informe del Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ámbito de Canarias.
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El umbral salarial fijado por el Estado miembro no debe tener por objeto saber los salarios y, por lo tanto, no debe constituir una excepción a las reglas o usos en el Estado integrante ni a los convenios colectivos, y no debe usarse para constituir armonización alguna en ese ámbito. El salario abonado al titular de la tarjeta azul de la UE no debe ser inferior al umbral salarial aplicable, pero puede ser superior, según acuerden el empleador y el nacional de un tercer país, en función de las condiciones del mercado, el Derecho laboral, los convenios colectivos y usos en el Estado integrante de que se trate. La presente Directiva debe respetar absolutamente las competencias de los Estados integrantes, particularmente en materia de empleo, trabajo y temas sociales. Con el fin de promover el emprendimiento innovador, los Estados miembros deben poder ofrecer a los nacionales de otros países admitidos en el marco de la presente Directiva la oportunidad de ejercer una actividad por cuenta propia simultáneamente con su actividad en razón de la presente Directiva, sin que ello menoscabe sus derechos de residencia como sucesos de la tarjeta azul de la UE.
En el momento en que el Estado integrante decida aceptar a un nacional de un tercer país que cumpla los criterios que corresponden, el nacional de un tercer país que solicite una tarjeta azul UE va a recibir el permiso de vivienda específico que dispone la presente Directiva, que le va a dar acceso de forma progresiva al mercado laboral y derechos de vivienda y movilidad a él y su familia. En el plazo para investigar la petición de la tarjeta azul UE no debe computarse el tiempo necesario para el reconocimiento de las titulaciones profesionales ni el tiempo preciso para enviar un visado, en caso necesario. La Directiva se comprende sin perjuicio de los trámites nacionales de reconocimiento de los títulos. La designación de las autoridades competentes en virtud de la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la función y responsabilidades de otras autoridades nacionales y, en el momento en que proceda, de los interlocutores sociales, con relación a el examen de la petición y la resolución sobre la misma. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluirá la evaluación de encontronazo ambiental de los proyectos que de ellos se delegen.